Es cierto que el alquiler de vivienda se ha convertido en algo completamente imprescindible para muchas familias. Debido a esto, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para reforzar la protección de los inquilinos. La idea de estas reformas es garantizar el derecho al acceso a la vivienda, mejorar la calidad de la misma y ampliar el plazo de los contratos de alquiler.
Una de las medidas más recientes es la limitación de la subida de los precios hasta un máximo del 2%, una iniciativa muy benéfica para aquellos que sufren reajustes exagerados del coste de su cuota de alquiler. Además, los inquilinos podrán ampliar su contrato hasta seis meses si este finaliza antes del 30 de junio. Todos los términos del contrato se seguirán aplicando a lo largo de esa prórroga salvo que las partes acuerden otros. Sin embargo, el arrendador tendrá derecho a rechazar la ampliación si requiere la vivienda para sí o sus familiares de primer grado.
Los hogares vulnerables también gozan de una especial protección a través del llamado ‘escudo social’. Este programa cubre situaciones en las que un hogar pueda resultar afectado por desahucio siendo el último recurso, a no ser que se aleguen causas como la dependencia, la violencia hacia las mujeres o que haya menores a su cargo. El juez tendrá la posibilidad de suspender el proceso si los inquilinos encajan en este perfil delicado y después evaluarán sus circunstancias con los servicios sociales.
Por todo esto, cada inquilino deberá estar informado de las distintas medidas vigentes en cada momento para así poder aprovecharlas. Conocerlas y ponerlas en práctica podrá significar una gran diferencia en el precio final del alquiler y se convertirán en una excelente herramienta para limitar el aumento del mismo.